Desde 2021, la propuesta de la Ley de IA de la Unión Europea se ha ido materializando con muchas críticas, entre ellas que no aborda los impactos que esos sistemas pueden tener en personas que no son ciudadanas de la Unión Europea, como migrantes y refugiadas de guerra; y sugerencias de reformas, como la de aumentar la participación de la sociedad civil desde el proceso legislativo hasta la implementación de la futura ley.
Europa, el Reino Unido y otros países buscan establecerse como referentes para el resto del mundo en la regulación de la IA, mientras que en América Latina avanzamos lentamente y hay mucho por entender en relación a los impactos de estos sistemas a nivel local.
Brasil, con su proyecto de Ley 21/2020, podría ser pionero en la regulación de la IA en la región. El mismo crea el marco legal para el desarrollo y uso de la Inteligencia Artificial (IA) por parte de las administraciones públicas, empresas, entidades diversas y particulares; y establece principios, derechos, deberes y herramientas de gobernanza de la IA en ese país.
El texto presentado en la cámara de diputados hace casi 2 años, señala que el uso de la inteligencia artificial en Brasil tiene como objetivo promover la investigación ética y sin prejuicios, la competitividad y el aumento de la productividad brasileña, así como mejorar la prestación de los servicios públicos y buscar medidas para fortalecer la capacidad humana, y prepararse para la transformación del mercado laboral a medida que se despliega la inteligencia artificial.
Entre otros puntos, la propuesta establece que el uso de la IA se basará en el respeto a los derechos humanos y los valores democráticos, la igualdad, la no discriminación, la pluralidad, la libre iniciativa y la privacidad de los datos. Además, la IA debe tener como principio la garantía de transparencia sobre su uso y funcionamiento.
El autor del proyecto, el diputado Eduardo Bismarck explicó que el objetivo es dotar al país de una legislación que, al mismo tiempo, fomente la IA y proteja a los ciudadanos de su mal uso.
El texto presentado por el diputado prevé la figura del agente de IA, que puede ser tanto el que desarrolla y despliega un sistema de IA (agente de desarrollo) como el que lo opera (agente de operación).
Los agentes de IA tendrán una serie de deberes, como responder legalmente de las decisiones tomadas por un sistema de inteligencia artificial y asegurarse de que los datos utilizados respeten la Ley General de Protección de Datos (LGPD), y derechos. Entre ellos, el acceso a la forma en que los sistemas utilizan datos personales sensibles, como los datos genéticos.
El texto también plantea incentivar la adopción de la IA en los servicios públicos, preferentemente en formato abierto y gratuito; apoyar la investigación en el área; formar a los trabajadores para adaptarse a la nueva realidad tecnológica; y la creación de mecanismos de gobernanza. Además, propone la creación del informe de impacto de la IA, elaborado por los agentes de la IA con la descripción de la tecnología, incluyendo la gestión de riesgos y las medidas de contención.
Responsabilidad
Dada la dificultad de conceptualizar la inteligencia artificial, se plantea la cuestión de cómo atribuir la responsabilidad moral y jurídica cuando los sistemas de IA causan daños a terceros.
Cuestiones como estas ponen de manifiesto la importancia de regular la inteligencia artificial para garantizar la seguridad de la población frente a las empresas que sólo buscan obtener beneficios.
La inteligencia artificial demostró ser muy valiosa durante la pandemia y, tarde o temprano, tendrá un impacto directo o indirecto en todos los ámbitos de la sociedad. Su rápido desarrollo y aceptación, obligan a regularla.
El proyecto de Ley 21/2020 todavía está pendiente de ser analizado de manera concluyente.
Fuentes:
https://www.camara.leg.br/propostas-legislativas/2236340[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]